El lunes 8 de Junio las maestras y maestros de Chile retornaron a las escuelas y liceos poniendo término a una huelga, de entre 15 días a 2 meses de duración, exigiendo el pago del Bono SAE, derecho laboral conculcado por autoridades municipales desde al año 2007 a la fecha, contando con la tácita complicidad del Ministerio de Educación.

Niñas, niños y jóvenes sufrieron, durante ese tiempo un atropello a su derecho a recibir educación, producto de un conflicto que pudo evitarse si, tanto los alcalde s (as) y el Ministerio de Educación hubiesen respetado el Estado de Derecho que, se supone, impera en nuestro país. Un conflicto que nunca debió producirse, ocurrió porque alcalde s y alcalde sas en los años 2007 y 2008 malversaron dineros públicos destinados por ley al pago del bono, usándolos en objetivos distintos, no explicados ni aclarados, a la fecha y porque el Ministerio de Educación no fiscalizó, oportunamente, el uso de esos recursos, como es su deber constitucional hacerlo.

Lamentable y vergonzosamente, ninguna de estas autoridades cumplió con lo que las leyes les exigían. Con total falta de ética, a pesar de que reconocen la deuda, iniciado el paro de los profesores, no asumen sus responsabilidades y retardan dar solución al conflicto que ellos mismos crearon, hasta los extremos que todo Chile conoce, sin importarles el daño que hacían a los estudiantes de los establecimientos municipalizados de todo Chile. Por el contrario, descaradamente adoptan la amenaza y la descalificación para desacreditar a los maestros ante la opinión pública. Pero, fracasaron porque ésta, representada por padres y apoderados, trabajadores y los propios estudiantes, apoyaron a sus maestras y maestros reconociendo la justicia de su demanda.

Ante el evidente atropello a las leyes, a vista y paciencia de las autoridades de todo nivel, cabe preguntarse:

¿ Existe Estado de Derecho en un país en el cual hay que “negociar” el cumplimiento de las leyes?

¿ Existe Estado de Derecho en un país en que una ministra hace notable abandono de sus deberes al ausentarse de su cargo en medio de una crisis que afecta al proceso educativo cuya misión es hacer que funcione?

¿Por qué la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo, entidades fiscalizadoras, que emitieron dictámenes respecto a la obligatoriedad que tenían los Departamentos de Educación y las Corporaciones dependientes de las municipalidades en orden a pagar el bono SAE de los años 2007 y 2008, normado por las leyes 19.410, 19.933 y 20.158 no exigieron el pago inmediato de la deuda y/o sancionaron a los infractores de la ley?

¿Por qué, sí el propio Ministerio de Educación reconoció la entrega oportuna de los recursos para el pago del bono, la ministra de la cartera no fiscalizó el cumplimiento de la norma y tampoco sancionó a los infractores?

¿Por qué, diputados y senadores no hicieron uso de sus facultades fiscalizadoras y no exigieron sanciones para los alcalde s que malversaron recursos del estado y para la ministra que no cumplió con su deber de resguardarlos?

La respuesta a estas interrogantes es una sola. Simplemente, porque el Estado de Derecho no existe en nuestro país, cuando de trabajadores se trata. Se apela al Estado de Derecho solo cuando conviene políticamente y no cuando el derecho en sí, lo indica.(compárese con caso de la ministra Provoste).

Por los montos de dineros públicos malversados, superiores en miles de millones a los del caso MOP- GATE, los hechos indicarían que nos encontramos en un estado de corrupción en el que autoridades de todos los niveles y ámbitos de responsabilidad pareciera que se coludieron para atropellar las leyes, o dejar que otros lo hicieran en perjuicio de los profesores.

Ante tales evidencias, el Magisterio de Chile debe permanecer alerta. El acuerdo logrado solo puso fin al Paro. El conflicto mismo permanece latente.

Nadie debe sentirse seguro hasta que no se cumpla el acuerdo, los montos y los plazos. El Ministerio de Educación y los alcalde s no dan confianza.

En la Asamblea Regional Metropolitana del jueves 11 de Junio, recién pasado se conoció información de algunas comunas donde los alcalde s han descontado los días en huelga y han anunciado que no pagarán el “abono” a la deuda que corresponde este mes. Sí esto ocurriera, la huelga se debería reiniciar al día siguiente de la fecha del plazo no cumplido y, paralelamente, se debería demandar a aquellos alcalde s(as) que no cumplan el acuerdo, por malversación de recursos públicos.

Ante esta eventual situación, las autoridades deben saber que no aceptaremos un nuevo atropello a nuestros derechos y que esperamos que la Contraloría , la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Educación, los diputados y los senadores ejercerán, esta vez, sus facultades fiscalizadoras, sancionarán a los culpables y harán cumplir la ley como corresponde en un Estado de Derecho.

Nelson Morales Pasten

Presidente Provincial Maipo

Colegio de Profesores de Chile A. G.

San Bernardo, 12 de Junio de 2009.